Entrevista. Para responder a los actuales requerimientos de la justicia laboral, el titular de esta corte solicitó la creación de ocho juzgados de trabajo e indicó que para avanzar con la reforma procesal penal se necesitan otros 60 órganos jurisdiccionales más.
A un año de vigencia, ¿la nueva Ley Procesal del Trabajo ha generado los resultados esperados?
Al inicio de su aplicación, los tiempos y plazos para la solución de estos casos venían cumpliéndose dentro de las previsiones legales; sin embargo, ahora ya se observan retrasos. Por ejemplo, la ley dice que en tres días se debe señalar fecha para la audiencia de conciliación o juzgamiento, pero en la práctica estas diligencias son programadas hasta para tres meses después. Evidentemente se requiere crear más juzgados. Necesitamos, por lo menos, ocho juzgados especializados adicionales y dos o tres salas laborales para atender los plazos. El requerimiento ya fue realizado.
¿La corte a su cargo pretende implementar mejoras tecnológicas?
En especial para los embargos ordenados en la subespecialidad comercial, donde se estima que existen mafias operantes y hasta casos de lavado de activos. Por ello, hemos planteado el embargo electrónico, que cuenta además con el respaldo de los bancos. Bastaría con ingresar el día del remate a internet, hacer la oferta y todo funcionaría electrónicamente, eliminándose cualquier actividad irregular. Estimo que en el primer trimestre de 2014 ya debería funcionar el embargo electrónico. Las notificaciones electrónicas funcionan en materia laboral en forma restringida. Después de concretar esta implementación se trabajará en la instauración de la subasta interna electrónica.
¿Están listos para la implementación total del nuevo Código Procesal Penal en Lima?
Es un tema que nos preocupa mucho porque aún no tenemos el presupuesto solicitado. Solo el Poder Judicial requiere cerca de 100 millones de nuevos soles. Hicimos una proyección hasta 2020 sobre la base de una carga que progresivamente iría en aumento, habiéndose determinado la necesidad del mismo número de juzgados penales que actualmente existen. Tenemos 58 juzgados penales, de los cuales 30 o 35 se quedarían para liquidar procesos, el resto más los nuevos que deberían crearse totalizarían 60, que serían para empezar a trabajar el nuevo modelo. Las salas se mantendrían tal cual porque donde más se trabaja es en primera instancia, por la naturaleza del procesal penal nuevo.
Proyectos
Uno de los objetivos de la gestión de Sequeiros es ordenar en un solo lugar los órganos judiciales por especialidades. Por ello, considera necesaria la implementación de un complejo judicial en Lima, como existe en otros países. Así, un lugar apropiado podría ser el cuartel San Martín, actualmente desocupado. Ahí podría levantarse edificios para las especialidades laboral, civil y penal.
Diario El Peruano (14/11/2013)
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