Según información de la Sunat, los ingresos tributarios recaudados en Lima durante el 2014 ascendieron a S/.70.945 millones, el equivalente al 87,5% del monto total colectado por el ente tributario el año pasado. Considerando que casi un tercio de la población nacional reside en Lima y que aproximadamente la mitad del PBI del Perú se produce en esta región, las cifras sobre los ingresos tributarios por departamento resultan claramente desproporcionadas.
Si bien es cierto que muchas empresas que operan fuera de Lima registran su domicilio legal en la ciudad capital y, por tanto, el total de sus tributos parece proveniente de Lima –como es el caso de buena parte de las grandes compañías mineras, por ejemplo–, la sobrecarga impositiva que Lima paga es evidente.
Estos datos, sin embargo, no son sorprendentes. Buena parte de la desproporción de la carga tributaria por regiones nace de los conocidos y desbocados niveles de informalidad al interior del país. En efecto –según el INEI–, en 14 de las 24 regiones del Perú más del 90% de los negocios son informales.
Debido a esta situación, los bienes y servicios que provee el Estado –de los que todos los peruanos, en mayor o menor dimensión, gozan– terminan siendo financiados por una minoría. Desde la seguridad interna y externa, pasando por programas sociales, hasta la provisión directa de educación y salud, todo el financiamiento con el que cuenta el gobierno es obtenido a través de las transferencias al fisco que el disminuido sector formal de la economía realiza.
Como la responsabilidad del financiamiento de bienes y servicios públicos para todos los peruanos recae sobre relativamente pocos, no solo la presión tributaria que estos terminan soportando es alta, sino que la capacidad del Estado para proveer estos bienes y servicios resulta limitada en relación con el tamaño total de la economía y de la población. De hecho, parte de las reformas pendientes para integrar la OCDE consiste en aligerar la carga tributaria a los formales, al tiempo que se expande la base tributaria.
Además, el pago de impuestos tiene el beneficio de fomentar conciencia cívica y responsabilidad ciudadana respecto del uso de los ingresos públicos. Si no pago tributos, pues poco me importa cómo utilicen las autoridades locales el presupuesto de mi comunidad; total, no era mi dinero. Es más probable, en cambio, que los ciudadanos reclamen y exijan mayor calidad en el gasto y transparencia en la rendición de cuentas si perciben que esos malgastados recursos públicos han salido directamente de sus bolsillos.
¿Cómo profundizar entonces la formalización de empresas dentro de Lima y fuera de ella? En conjunto con un paquete de simplificación administrativa para los negocios, una alternativa es reformular el esquema de incentivos con el que cuenta la Sunat. Hoy la Sunat obtiene recursos propios y operativos a partir del 1,6% de lo recaudado, independientemente del tamaño de la firma fiscalizada. Este sistema de comisión uniforme le otorga al ente recaudador el incentivo para maximizar sus cobros mediante la fiscalización preferente a empresas grandes y formales.
Así, dado el amplio margen de discrecionalidad que hoy posee la Sunat para interpretar la ley, la fiscalización a empresas formales de mayor tamaño le puede conseguir una recaudación enorme –con un esfuerzo relativamente pequeño– en comparación con lo que obtendría al ejercer acciones de fiscalización a varias firmas pequeñas y dispersas.
Una comisión variable que dependa de manera inversa del tamaño de la firma fiscalizada, en cambio, podría alinear los incentivos de la Sunat con los necesarios esfuerzos de ampliación de la base tributaria. Por ejemplo, si –en vez de 1,6%– la Sunat percibiese como recursos propios el 0,5% de lo recaudado a través de los denominados megacontribuyentes, y el 3,0% de lo recaudado a través de los medianos y pequeños contribuyentes, el ente recaudador sería el primer interesado en expandir la base tributaria.
Cuando, a inicios de su mandato, el presidente Ollanta Humala comentó que el “Estado tradicional” sufría de soroche al salir de Lima, se refería –con razón– a que la provisión de servicios públicos en varias comunidades al interior del país es aún deficiente. Para aliviar este mal de altura en la provisión de servicios se necesita, sin embargo, que la Sunat también supere su soroche y –mate de coca en mano– cumpla con su labor a lo largo y ancho del Perú.
Diario El Comercio (02/03/2015)
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