Hasta con 300 UIT sancionaremos a universidades que no se adecúen a la Ley

Están a pocos días de que la nueva Ley Universitaria cumpla su primer año; sin embargo, solo 6 de las 31 universidades públicas autorizadas se han adecuado a la norma, ¿qué es lo que está pasando?

En la adecuación de estatutos, el avance del sector privado ha sido mayor que el del público. Tenemos un 80% de universidades privadas y un 50% de públicas que avanzaron en eso. En el caso de la renovación del gobierno, solamente 6 han cambiado de rector y vicerrectores. Otras 10 están en camino. El problema viene porque 15 están postergando el cambio para después del 2015.

¿Por qué esta postergación?

Los rectores están interpretando la ley bajo su mejor saber y entender. Ellos entienden que pueden permanecer en sus cargos hasta que venza su mandato original. Sin embargo, ellos fueron elegidos bajo un esquema distinto. La nueva ley establece que la elección sea mediante voto universal. Ahí hay un cambio y el espíritu de la ley va en el sentido de que las autoridades se adecúen a esa nueva forma.

La Superintendencia también se demoró en establecer su consejo directivo (órgano máximo).
La Ley salió en julio del 2014. De ahí, para establecer la Sunedu, lo primero que debía pasar era cerrar la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y eso demoró más de lo previsto porque no querían dejar sus cargos. Fue un primer nivel de conflicto. Recién el 31 de diciembre del 2014, esta directiva decidió dejar sus cargos. A partir de ahí ya se pudo establecer la Sunedu, que empezó a operar el 5 de enero. Luego se me designa y viene el proceso de convocatoria para el consejo directivo. Ha sido la resistencia de quienes estaban a cargo de la ANR lo que demoró el proceso.

Menciona la resistencia por parte la ANR. ¿Ahora pasa lo mismo con las universidades?

Hay un grupo que se está resistiendo a dejar sus cargos. Probablemente están pensando más en intereses personales que en adecuarse a la ley. Por eso la Sunedu ha establecido un plazo para que se produzca el proceso de elección de autoridades bajo el esquema de elección universal. En el caso de estatutos, 10 universidades públicas aún no cumplen.

¿Intereses como cuáles?

Especulamos que quieren mantener el poder e ingresos asociados al cargo de rector.

Quien encabeza las críticas es el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pedro Cotillo calificó la ley como un “mamarracho” y espera que el próximo año se derogue.

Ese tema está discutiéndose en el Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado. Esperemos que tenga un pronunciamiento favorable a la implementación de la ley.
La Ley da plazos para establecer un comité electoral, etc., pero no hay fecha exacta para cambiar autoridades. Ahora, pese a que la Sunedu dio un plazo, los rectores dicen que seguirán hasta que acaben su mandato. El último termina el 2019. ¿Acaso hasta ese año no se implementará la norma?

No, porque el Consejo Directivo ha establecido como fecha límite diciembre del 2015 teniendo en cuenta que la norma está pensada para una transición corta, no cuatro años.

¿Por qué el 31 de diciembre? ¿Cuál es su justificación?

Evaluamos que había un proceso transitorio que no se podía prorrogar mucho. Otro punto tiene que ver con dar un plazo razonable desde la elaboración de estatutos. Además, los comités electorales están conformados por docentes y estudiantes, estos últimos deben ocupar los primeros puestos. En un año académico, ellos seguirán en ese primer lugar.

Concretamente, ¿qué pasará si hasta esa fecha no se adecúan?

Estamos preparando las herramientas que podrá utilizar Sunedu, como el reglamento de infracciones y sanciones, que ya ha sido aprobado por el Consejo Directivo y se va a enviar al Ministerio de Educación. En 30 días estaría listo.

Con este documento, aquellas universidades que hasta diciembre no se adecúen a la ley, ¿qué sanciones podrían recibir?

Podrían recibir sanciones monetarias… Eso hay que graduarlo de acuerdo a la falta.

Si la falta es no cambiar autoridades, ¿qué castigo reciben?

Hay que graduarlo caso por caso y se definirá luego de una evaluación. Otro aspecto, aparte del reglamento de infracciones y sanciones, son las denuncias que se puede hacer ante el Poder Judicial contra la autoridad. Se brindarán incentivos para quienes se adecúen, como fondos del Concytec.

¿Cuál sería la máxima sanción que podrían recibir las universidades públicas autorizadas?

La sanción puede llegar hasta 300 Unidades Impositivas Tributarias – UIT (equivalen a 1 millón 155 mil soles), que se gradúa dependiendo de la falta.

¿Los que no cumplan hasta el 31 de diciembre solo recibirán una sanción monetaria, o también se aplicará la suspensión o cierre de la universidad?

En realidad, hay que adecuarlo a la falta. Quienes están cometiendo la falta son las autoridades que no se quieren ir. Bajo ese esquema, no se puede cerrar una institución porque una persona no se quiere ir. Las multas son para las universidades y se publicitarán.

Un ejemplo: si una universidad pública autorizada no cambia de autoridades en el plazo establecido y dice que lo hará recién el 2019, ¿qué se hará?, ¿cuál sería la máxima sanción?
La batería de herramientas considera desde una sanción monetaria hasta una denuncia. Serían 300 UIT y/o la denuncia penal. Hay que ver los aspectos administrativos y judiciales.

Pedro Cotillo, también presidente de la Asociación de Universidades del Perú (Asup), asegura que no hay diálogo con la Sunedu. ¿No lo consideran?

Ellos también se han opuesto ni bien salió el comunicado de la Sunedu. No tienen ninguna intención en cumplir la ley.

¿Se reunirán?

Si avanzan en la ley, lo podremos ver. En estos momentos no tenemos planeado reunirnos porque no vemos que tengan deseo de cumplir con la norma.

Diario La Republica (02/07/2015)