Se respetarán contratos de estabilidad jurídica para incentivar inversiones
El impuesto a las sobreganancias mineras y la confirmación de reglas claras para el desarrollo de las inversiones en este nuevo quinquenio son los temas prioritarios que integran la agenda del Ministerio de Energía y Minas y de los que su titular, Carlos Herrera Descalzi, conversó con el Diario Oficial El Peruano.
¿Cuáles son los avances respecto al impuesto a las sobreganancias mineras?
–Lo primero es que estamos revisando un esquema que proviene de la década de 1990, a fin de aplicarlo al Perú actualmente. Este esquema se instauró en momentos en que nuestro país pasaba por una difícil coyuntura social y un mal manejo económico.
En aquella época las cosas no anduvieron bien en el Perú y, por lo tanto, había muchas exigencias para captar inversiones. Ahora, después de 20 años de honrar nuestros compromisos y de mantener una economía muy sólida, las cosas son diferentes.
En la actualidad, quien invierte en el Perú obtiene deuda a menor costo y encuentra un país en mejores condiciones políticas, económicas y sociales. Por eso, no es extraño que muchas inversiones obtengan altísimas rentabilidades.
Normalmente, las inversiones se dan por satisfechas con rendimientos entre 12% y 15%, pero en el Perú son muchos los casos en que esos niveles de rentabilidad superan el 30%.
¿Este impuesto busca amenguar la problemática en muchas regiones del país?
–Así es. El Perú ha vuelto a sentir la inquietud social. Hay muchas partes en donde el Estado no llega por falta de recursos. El Gobierno desea la estabilidad del país y ello pasa por la inclusión social.
Por eso, es necesario contar con una mayor cantidad de recursos y para ello debemos acondicionar al esquema actual las condiciones que se establecieron en la década de 1990.
En el caso específico de las empresas mineras, lo que se busca es obtener una mayor participación del país en su rentabilidad por los distintos cambios ocurridos en el mercado. Así, no solamente reduciremos el efecto social, sino que además se favorecerá el desarrollo de las inversiones.
¿Cuándo se reunirá con los empresarios privados para dialogar sobre estos avances?
–La última reunión donde el MEM no estuvo presente, fue entre el sector privado y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Si bien se tocaron algunos puntos, todavía no hay algo concreto.
En el transcurso de esta semana nos reuniremos con el MEF para examinar estos temas y le pediremos al presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, que también participe. Posteriormente, evaluaremos una reunión con el sector privado.
El MEM proyectó inversiones por US$ 40,000 millones para este quinquenio. ¿Cómo se logrará este objetivo?
–Cuando un empresario realiza una inversión, sabe que está corriendo riesgos y el Estado busca minimizarlos a un grado razonable.
Entre ellos están los relacionados con la estabilidad de los países. El riesgo político es el que se cambien las reglas de juego. Antes de 1990, el Perú era un país inestable, y cuando eso ocurre, los inversionistas piden un mínimo de garantías para su inversión, como no cambiar impuestos.
Cuando decide una inversión, el empresario realiza flujos de fondos considerando sus ingresos y gastos, así como sus esquemas de amortiguación de riesgos. Entre los gastos, uno importante son los impuestos. Si estos son anormalmente altos, ponen en riesgo la recuperación de la inversión efectuada.
¿Significa que el Estado evalúa mantener la política de suscribir los contratos de estabilidad jurídica?
–Así es. El Perú no tiene inconvenientes en ofrecer a los inversionistas las condiciones que requieren para impulsar el crecimiento económico del país y respetará todos sus compromisos.
A las nuevas inversiones, por supuesto que se les otorgará la estabilidad necesaria. Debe quedar claro que ello no significa que la empresa no pagará impuestos, por el contrario.
Es más, las empresas que piden estabilidad pagan por ello, pues la tasa impositiva es dos puntos más alta que la que rige en el mercado. Desde ese punto de vista, creo que no habrá inconvenientes para seguir con esta política.
Conflictos sociales
Al referirse a los conflictos sociales que afectan la productividad de muchas regiones del país, el ministro de Energía y Minas comentó que si bien es cierto se anteponen cuestiones ambientales, muchos de ellos responden a razones económicas.
“Definitivamente, una parte del tema es ambiental, pero creo que la mayor razón es la participación económica. Muchos proyectos quedan truncos por falta de coordinación entre el concesionario y la comunidad. El primero siente que el segundo cambió sus condiciones y extralimitó sus exigencias”, refirió Herrera Descalzi.
Asimismo, comentó que, en el caso de la minería, muchos de estos conflictos están relacionados con el tema del agua, el cual pertenece al sector Agricultura.
“Por ello, es importante que estos temas se traten coordinadamente entre los distintos sectores. El MEM tendrá una participación importante en todo lo relacionado con su sector”, puntualizó.
El Peruano (10/08/2011)
EN las fusiones la sobreganacia se debe retner el impto a la renta