LGT mantiene el régimen mype

Propuesta establece plazo de vigencia de 10 años del régimen especial

Incremento del tope de indemnizaciones fue consensuado en el CNT

El proyecto de la Ley General de Trabajo (LGT) no está destinado a restar la competitividad de las empresas, sino a reducir los problemas laborales en el país, afirmó el presidente de la comisión de expertos encargado de revisar y elaborar esta nueva normativa por encargo del sector Trabajo, Carlos Blancas Bustamante.

Empezó el debate del proyecto de la LGT con muchas críticas al texto. ¿Ellas se justifican?

–Bueno, quizá estas críticas obedecen a que el proyecto aún no se conoce adecuadamente, dado el poco tiempo transcurrido desde que fue entregado al ministro de Trabajo. No olvidemos que desde el título preliminar hasta las disposiciones finales existen 425 artículos, incluso alguno de ellos extensos o con muchos incisos que tratan además temas complejos. Espero que en los próximos días, conforme el proyecto se difunda, pues escuchemos un debate enriquecedor, alturado y menos prejuicioso.

¿Se cuestiona la efectividad de esta iniciativa, destinada solo al 25% de los trabajadores del país en planilla, restando las posibilidades de formalización de la mype y contribuyendo a la precarización del empleo?

–Esto es una gran falacia, por no decir una gran exageración, porque las mypes desde el año 2003 y las pymes desde el 2008 cuentan con un régimen laboral especial creado por una ley específica para ellas, caracterizada por la reducción de beneficios laborales en comparación con el régimen general. Pues bien, este régimen especial destinado a formalizar a estos grupos de empresas no se elimina. Lo que hemos establecido es que tendrá una duración de 10 años desde la entrada en vigencia de la LGT. Es decir, si esta norma se aprueba en este año, regirán hasta el año 2022. Mientras que las nuevas mype o pymes que se creen a partir del año 2022 tendrán tres años en dicho régimen. En consecuencia, mal se puede decir que esta regulación impedirá la formalización, pues su legislación se respeta.

¿Este plazo de 10 años para mantener el régimen especial de la mype tendrá alcance en los demás regímenes especiales?

–No, el régimen agrario tiene por su propia ley un plazo que también vence el año 2022. En el caso de la mype y pyme si surgen después de ese período, siempre tendrán los tres primeros años un régimen especial hasta que se formalicen. Para otros regímenes, como de exportaciones no tradicionales o zonas francas, se establece una disposición general según la cual todo régimen especial que suponga menores derechos a los del régimen general, tendrán que ser transitorios, y otra ley fijará el plazo de su vencimiento. Es decir, la transitoriedad es para nosotros un principio fundamental, pero no pueden ser eternos.

 ¿La propuesta encarece el despido y los sobrecostos?

–Dos cosas. Primero, la indemnización por despido no es un sobrecosto laboral porque no es un costo fijo, ningún empleador planifica el costo del despido, pues no sabe si se realizará. Segundo, la indemnización calculada por año no se eleva, sigue siendo sueldo y medio o 45 días como lo decimos en la ley. Lo que se incrementa es el tope, que era un máximo de 12 a 18 porque hubo acuerdo en el CNT, cuando se discutió el proyecto anterior al que nosotros hemos revisado. El proyecto inicial hablaba de un tope de 24 sueldos, pero en el CNT empresarios y trabajadores acordaron hacerlo en 18. Por lo tanto, los empresarios no pueden decir que esto es un sobrecosto porque ellos lo aceptaron y los trabajadores redujeron su pretensión.

Más facultades a empleadores

El proyecto de LGT también incorpora nuevas atribuciones a los empleadores, como la figura del despido individualizado por supresión de plaza mediando el pago de una indemnización con escalas especiales, dijo el experto Carlos Blancas Bustamante.

“El texto de la LGT no solucionará todos los problemas, ni se le puede pedir cosas que no puede hacer, como crear empleos porque esa no es su finalidad”, sostuvo el experto, quien aseveró que ahora se debe crear conciencia entre trabajadores y empleadores sobre la necesidad de una mayor colaboración y que el crecimiento económico debe beneficiar a todos, con relaciones laborales adecuadas.

Diario Oficial El Peruano (24.01.2012)