Entrevista. Procesos en curso son más de mil, afirma castillo freyre
Institución representa el medio de solución de controversias más usado
Inversionistas nacionales y extranjeros lo utilizan para resolver diferendos
Desde hace más de quince años, el arbitraje contribuye a elevar la seguridad jurídica de las inversiones en el país, por ser el medio de solución pacífica de controversias más empleada por las empresas para solucionar sus conflictos de manera más rápida, así como por encontrarse incorporado en los tratados comerciales de los cuales el Perú es parte.
Sobre este panorama, el Diario Oficial El Peruano dialogó con el especialista en la materia Mario Castillo Freyre, a propósito de la presentación del Diccionario Terminológico del Arbitraje Nacional e Internacional (Comercial y de Inversiones), que constituye el volumen 18 de la Biblioteca de Arbitraje que publica el bufete a su cargo.
¿Cuál es la incidencia del arbitraje en la seguridad jurídica para las inversiones en el país?
–Muy grande porque el arbitraje en los últimos 15 años en el Perú representa una contribución bastante grande para elevar el nivel de seguridad jurídica, dado que se trata de una justicia más especializada y, por lo general, más rápida que la justicia de la jurisdicción ordinaria.
¿Qué tan frecuentes son los casos de arbitraje en materia de inversiones?
–Los arbitrajes de inversiones propiamente dichos son los menos frecuentes porque son los casos en los que un inversionista nacional de un Estado que ha celebrado un tratado con el Perú, que protege las inversiones de los inversionistas de ambos países, demanda al Perú, y de esos casos ha habido siete.
Pero hay un número muy grande de casos de inversionistas peruanos y extranjeros que solucionan sus controversias con otros inversionistas o el propio Estado en arbitrajes nacionales. Estos son inmensamente mayoritarios. Hoy, en el país, el número de arbitrajes en curso deben superar los mil y solo los arbitrajes de los centros de arbitraje conocidos en Lima superan los 400.
¿El arbitraje tiene cada vez más arraigo en el país?
–Por supuesto. Representa en el Perú una forma de transformación de la justicia, pero no de toda la justicia. El Estado aún tiene una deuda muy grande con la justicia penal, constitucional, familiar, etcétera. Pero en cierta forma, aspectos que antes eran dilucidados en el Poder Judicial hoy se resuelven ante tribunales arbitrales, lo que descongestiona este poder del Estado y le permite destinar recursos para solucionar casos sobre materias no delegables al arbitraje, teniendo así mayor posibilidad de ocuparse de los más necesitados.
¿Cómo evalúa la incorporación del arbitraje en los tratados de libre comercio?
–Los Estados, poco a poco, dan más confianza para quien invierte del extranjero, y estos tratados son el precio que se debe pagar para generar confianza. El Perú es un país que a lo largo de los años tiene un récord interesante a favor, pues no es un reiterado demandado en casos de arbitraje. El Estado peruano es visto como un Estado que protege los derechos de los inversionistas y este prestigio se mantiene.
Experiencia peruana
El experto Mario Castillo señala que el arbitraje pasa por un fenómeno de crecimiento. “Empezó a usarse en Lima y, poco a poco, se han ido constituyendo centros de arbitraje en el interior del país, fundamentalmente alrededor de las cámaras de comercio y de los colegios profesionales.”
Tal es así que en la actualidad La Libertad, Arequipa, Huancayo y Piura son las ciudades cuyos centros de arbitraje concentran, a su juicio, la mayor actividad arbitral al interior del país. “Pero poco a poco se está difundiendo su uso en más ciudades.”
Considera que el problema respecto a su aplicación radica en el aprendizaje de sus reglas porque el proceso arbitral no se lleva con las mismas reglas de los procesos judiciales.
Aporte a la comunidad jurídica
El arbitraje ha venido convirtiéndose en el medio de solución pacífica de controversias más usado en el mundo por las empresas para resolver sus conflictos. Así, la justicia viene abriéndose paso y ganando terreno por sobre los tribunales ordinarios de justicia, dadas sus ventajas operativas, la rapidez y la especialización.
Ante este panorama, el Estudio Mario Castillo Freyre presenta el volumen 18 de la Biblioteca de Arbitraje, titulado el Diccionario Terminológico del Arbitraje Nacional e Internacional (Comercial y de Inversiones).
En esta publicación han colaborado 95 juristas nacionales y extranjeros bajo la coordinación del abogado peruano Jorge Luis Collantes Gonzales. “Es una obra única en toda la literatura de arbitraje, que ha sido presentada en Madrid y Barcelona”, resalta Castillo.
Se constituye, por consiguiente, en el más completo instrumento lingüístico-jurídico para conocer voces y conceptos usados en la práctica arbitral.
“Es una herramienta sumamente útil para el ejercicio de la profesión en materia arbitral y nos acerca al contenido de una serie de conceptos del día a día del arbitraje en el Perú y en el mundo”, agrega el especialista en la materia, quien advierte que el arbitraje universaliza el derecho.
Resalta, además, que en el Perú un diccionario de una especialidad como el arbitraje demuestra que este viene adquiriendo mucha importancia en el país.
Los laudos
En el país, los laudos arbitrales se ejecutan. “Lo que ocurre es que su ejecución puede ser voluntaria, en cuyo caso quien pierde cumple voluntariamente, o forzosa, en cuyo caso interviene el Poder Judicial y su ejecución puede demorar hasta un año”, señala.
“Si bien el arbitraje oxigena a la administración de justicia ordinaria, esta tiene que mejorar, porque no la sustituye sino la complementa”, agrega.
Castillo sostiene que la jurisprudencia arbitral es muy rica, pero poco conocida por la confidencialidad de los laudos, lo que hace muy difícil catalogarla como jurisprudencia arbitral propiamente dicha.
No obstante, considera que todos los laudos sobre contratación pública deben publicarse, al margen de que a su juicio la regla debería ser la difusión del laudo.
Tribunal Constitucional fortaleció seguridad jurídica del arbitraje.
Diario Oficial El Peruano (08.03.2012)
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