Casi listos los procesos para contratar agentes y construir más penales
No habrá concesiones de cárceles al sector privado, solo de servicios
En breve serán publicadas las convocatorias para la contratación de nuevos agentes penitenciarios y la construcción de dos nuevas cárceles en Lima y Cerro de Pasco, aseguró el titular de Justicia, Juan Jiménez Mayor, quien en diálogo con el diario oficial El Peruano adelantó parte de las acciones que serán implementadas para mejorar el sistema penitenciario en el país.
Tras los sucesos del penal de Challapalca, el Gobierno declaró en emergencia el sistema penitenciario. ¿Qué viene ahora?
–En efecto, con el DU Nº 007-2012 que declara en emergencia el sistema penitenciario nacional, estamos adoptando las medidas para convocar de inmediato el proceso de licitación para la construcción de los dos nuevos penales que estarán ubicados en Lima y Cochamarca, en Cerro de Pasco, cuyos estudios de preinversión están en su fase final. La norma permitirá agilizar el proceso de selección del contratista que deberá empezar las obras este año, y al que serán destinados casi la totalidad de los 75 millones de nuevos soles otorgados al Inpe. Una segunda medida es la transferencia de casi 20 millones de nuevos soles adicionales para la realización de una serie de obras de mantenimiento y protección penitenciaria, incluida la contratación de mil nuevos agentes para este año. En los próximos días se convocará el concurso respectivo para el ingreso de estos profesionales.
¿Cómo participarán las asociaciones público-privadas?
–En este tema, se ha señalado que se dará prioridad a la posibilidad de que las asociaciones público-privadas coadyuven con el Inpe en labores de seguridad u otros vinculados a mejorar los servicios penitenciarios. Por ejemplo, la instalación de bloqueadores de celulares en los penales. Es decir, en temas concretos y no para la concesión total de un penal.
¿Definitivamente, no habrá concesión de penales al sector privado?
–No, porque el proyecto realizado en el Perú y que fue desestimado tenía un problema sustancial que era una concesión plena, es decir, se concesionaba todo, desde la seguridad hasta aspectos inclusive disciplinarios de los internos, que constitucional y legalmente solo corresponde a la entidad estatal. Entonces, esto que no fue debidamente analizado, motivó la imposibilidad legal para seguir adelante con la concesión, sin perjuicio de que era bastante oneroso, pero eso ya es otro detalle. Lo importante es que no estamos cruzados de brazos, sino que se viene haciendo un trabajo muy intenso para recuperar el Inpe en lo que podamos. Hemos recibido una institución muy deficitaria y el Gobierno desea que realmente el sistema penitenciario funcione de manera adecuada, que se puedan superar las contingencias que en estos momentos generan estos problemas de fuga o sobrepoblación.
¿Están en evaluación los funcionarios a cargo de penales?
–Bueno, en estos momentos hay más de 200 servidores que son sometidos a procesos disciplinarios y se han retirado a 35 servidores penitenciarios, que es mucho más de lo sucedido en los últimos cinco años. Estamos haciendo un trabajo de limpieza en la institución para sacar a la gente que no debe pertenecer al Inpe. En esto, el jefe del Inpe, José Luis Pérez Guadalupe, está haciendo un trabajo muy importante para poder efectivamente separar la paja del trigo.
Nueva carrera pública penitenciaria
El ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, aseguró que la gran transformación en la cultura del trabajador del Inpe vendrá con el acceso a la nueva Ley de la carrera pública penitenciaria, la cual precisa que el ingreso, las mejoras remunerativas así como ascensos, se fundamentan en el mérito. Por ello, adelantó que para este año se espera que al menos el 15% de los mejores servidores pueda migrar al nuevo régimen.
Dijo que mediante la asociación pública privada se espera involucrar el uso de las nuevas tecnologías de la información para evitar el ingreso de elementos, como el dinero en efectivo en el interior de las cárceles. Esperan además crear el subsistema de transparencia y anticorrupción en el sistema penitenciaario para sancionar ejemplarmente a los servidores que incurran en actos de corrupción.
Diario El Peruano (27/02/2012)
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