En 30 días las empresas privadas sabrán si pueden comprar terrenos estatales

El monto de los proyectos debe sumar por lo menos S/. 5 millones. Y se tendrá en cuenta su aporte en generación de empleo.

Una de las piezas claves para que el proceso de industrialización del país se concrete es que los privados puedan acceder en condiciones favorables a terrenos donde invertir para concretar sus proyectos.

En ese sentido, el Ministerio de la Producción aprobó los lineamientos que permitirán a los privados calificar para la compra de terrenos estatales pero solo para proyectos de manufactura de transformación.

Ahora bien, el monto de los proyectos debe sumar por lo menos S/. 5 millones. Y se considerará para su aprobación, la incidencia que tenga en generación de empleo, contribución a la descentralización productiva del país, potencial para generar exportaciones no tradicionales, buenas prácticas ambientales, generación de encadenamientos para mejorar la competitividad de la cadena productiva, entre otros.

Tiempo al tiempo

Según fuentes del sector, en un plazo máximo de 30 días el interesado (en este caso, la empresa privada) obtendrá respuesta, positiva o negativa, a su solicitud sobre calificación del proyecto industrial como de interés nacional.

De ser positiva esta calificación, el privado podrá acceder a la compraventa directa de bienes de dominio privado del Estado para la ejecución de su proyecto.

La directiva aprobada por el Produce será de obligatorio cumplimiento no solo para sus unidades orgánicas responsables de la evaluación de los proyectos industriales sino también por los gobiernos regionales.

En este último caso, y en el marco de sus competencias, los gobiernos regionales podrán modelar sus procedimientos administrativos, conforme a sus funciones para uniformizar así la declaración de interés de los proyectos.

En Corto

Existe cláusula de reversión

A tomar en cuenta. La declaración de interés contendrá una cláusula de reversión en la que se establecerá para la ejecución del proyecto, un plazo máximo de dos años, contados desde la fecha de la emisión de la resolución ministerial.

Diario Gestión (17/01/2014)