Gana Perú propone reducir al máximo la tercerización laboral

Se tiene que eliminar el alquiler de la fuerza de trabajo como sistema de ganancia, sostiene la Comisión de Transferencia de este sector en su informe entregado al presidente electo, Ollanta Humala.

SONIA GILVONIO M.

 Una línea de acción para el portafolio de Trabajo del nuevo gobierno sería la reducción al máximo de la tercerización laboral en el sector público y privado.

Esta es una de las recomendaciones que efectuó la Comisión de Transferencia del Sector Trabajo y Promoción del Empleo de Gana Perú, que estuvo coordinada por Jorge Bernedo, en su informe presentado al electo presidente Ollanta Humala, al cual Gestión tuvo acceso.

Como punto esencial y urgente califica la Comisión de Transferencia la necesidad de reducir al máximo la tercerización laboral en el sector público y privado, eliminándose el alquiler de la fuerza de trabajo como sistema de ganancias.

Es más, recomienda también regularizar la situación de los trabajadores en la actividad pública bajo el régimen CAS (Contratación Administrativa de Servicios), por ser este un sistema de incumplimiento laboral administrado por el propio Estado.

Sostienen que en el sector público, tanto la contratación como las condiciones de trabajo, además de altamente heterogéneas muestran extendidas manifestaciones de maltrato. Siendo un caso típico el sistema CAS, que genera en la administración pública un sistema de contratación inestable con derechos laborales restringidos.

Sindicatos

Afirma la Comisión que la principal defensa de los trabajadores es su propia acción al interior del derecho colectivo, por eso debe reforzarse la sindicalización y la negociación colectiva y el ejercicio del derecho de huelga.

Expresan que esta tarea implica también el protagonismo de la libertad sindical y la afiliación directa universal de los trabajadores, salvo declaración en contrario, o el pago de cuotas sindicales por descuento de planilla.

Sostienen que estas medidas deben ser sucedidas por una legislación renovadora e inclusiva.

La Ley General de Trabajo -continúan- debería ser literalmente general -incluir una nueva legislación sobre la pequeña empresa y los temas de protección social para todo trabajador ocupado- y ubicar las bases de nuevas relaciones laborales y su mediación en un plano superior al simple enfrentamiento de trabajadores y empleadores.

Apuntan que a la Ley General de Trabajo se deberían incorporar temas como contar con instancias de solución de conflictos al interior de las empresas, la extensión del diálogo social, la inclusión de cláusulas de productividad y metas de producción en la negociación colectiva, la extensión de la sindicalización directa a las centrales sindicales.

Para la Comisión de Transferencias, estas, y otras recomendaciones efectuadas tienen por objetivo afirmar la intención de renovar las relaciones laborales y mejorar la calidad del trabajo.

“Se ha debilitado económica y políticamente al MTPE”

Para la Comisión de Transferencia se ha reducido seriamente la cantidad de recursos destinados al Ministerio de Trabajo, y también se ha minimizado su rol político y el alcance de sus decisiones.

Manifiesta que con un marco de relaciones laborales tradicional y favorable a las decisiones del empleador, incompetente ante la profusión de abusos e incumplimientos de la ley; con programas de servicios de alcance reducido, este ministerio ha mantenido un bajo perfil político.

Además, afirman que se han limitado en el Ministerio de Trabajo a mantener el estado de cosas heredado del periodo fujimorista, con una administración disminuida e ineficaz para cumplir sus funciones.

Las claves

1.- En el presupuesto por funciones, entre el 2006-2010, la función del MTPE es la de menor relevancia, apenas dos milésimas del Presupuesto General de la República.

2.- Según la Comisión de Transferencia si se duplicara el presupuesto cada año, durante los próximos cinco años, llegaría a captar el 1% del presupuesto nacional.

3.- Otro aspecto encontrado es que las multas que los servicios de inspección imponen -aun en casos de reincidencia- son apeladas y anuladas en un 80% a 90%.