No cabe duda de que la demanda fundamental de la ciudadanía es la eficiencia y celeridad del servicio de justicia. Por ello, resulta indispensable que el Congreso de la República apruebe la Ley de notificaciones electrónicas, norma que permitirá diligenciar en tiempo real las notificaciones judiciales, agilizar los procesos y prestar un servicio oportuno.
Es una señal alentadora que recientemente la Comisión de Justicia del Parlamento haya aprobado el proyecto de ley que dispone la obligatoriedad y le reconoce efectos procesales a esta nueva modalidad de notificación. Urge entonces que el pleno del Congreso apruebe a la brevedad posible la Ley de notificaciones electrónicas, que sin duda permitirá brindar un servicio de justicia expeditivo.
Las notificaciones electrónicas posibilitan el conocimiento inmediato de las resoluciones judiciales, garantizan la seguridad y autenticidad de los documentos, promueven la transparencia, el uso de la tecnología y el ahorro de recursos. Asimismo, combaten falsificaciones, el tráfico de resoluciones, el abarrotamiento de las centrales de notificación y la microcorrupción.
Consciente de estas ventajas, la judicatura tiene implementada una infraestructura informática para viabilizar esta modalidad de notificación. Sin embargo, ahora solo nos está permitido notificar electrónicamente algunas resoluciones menores
como decretos, debido a que Ley Nº 27584, que regula el proceso contencioso administrativo, prohíbe notificar mediante esta modalidad autos y sentencias.
En la jurisdicción tributaria por ejemplo, el 80% de los usuarios que cuentan con casillas electrónicas está esperando ser notificado por este medio. Incluso del 100% de las demandas, escritos y anexos ya está digitalizado. No obstante, la falta de aprobación de la norma está impidiendo que se notifique electrónicamente las resoluciones fundamentales del proceso: autos y sentencias.
Han pasado más de cuatro años desde que el Poder Judicial implementó el Sistema de Notificación Electrónica (Sinoe); sin embargo, a la fecha no ha podido consolidarse debido a las limitaciones legales señaladas.
Diario El Peruano (08/04/2014)
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