¿Ley General del Trabajo beneficia al país?

El proyecto de la Ley General del Trabajo (LGT) que ha sido elaborado por un grupo de especialistas, y que deberá ser debatido en el Consejo de Ministros, ha recibido una lluvia de críticas de parte de laboralistas y gremios empresariales.

Sin duda lo que más temor causa es que con una legislación tan rígida se bloquee o restrinja la contratación y la creación de nuevos puestos de trabajo, que tanta falta hacen en nuestro país.

Si bien la norma tiene puntos muy debatibles, como la mayor indemnización por despido arbitrario, que pasa de 12 a 18 sueldos, y la judicialización del despido de los dirigentes sindicales, aún deberá ir al Congreso para su debate y aprobación o archivamiento.

EXCESIVO. Germán Lora, socio del Estudio Payet, Rey, Cauvi, considera que esta propuesta, diseñada por especialistas encabezados por Carlos Blancas, de aplicarse, podría endurecer los mecanismos de contratación en el país.

El experto incluso calificó la norma de dura y en algunos casos excesiva.

Sobre este último punto, dijo que era una desproporción pedir que antes de poder despedir a un dirigente sindical se tenga que llevar el caso al Poder Judicial. “Y si lo encuentran robando en la empresa, ¿no se le puede despedir?”, se preguntó.

“Actualmente funciona exactamente al revés de co-mo lo están planteando en la propuesta que han enviado al Ejecutivo”, señaló Lora.

Otro punto que para este abogado laboralista no flexibiliza la contratación es el alza en las indemnizaciones por despido arbitrario.

Habla el Sector Privado

Para quienes la propuesta de Carlos Blancas y compañía no ayuda a generar nuevos puestos de trabajo en el país, y sobre todo nos resta competitividad con respecto a los países vecinos, es para los gremios empresariales. Recordemos que la inversión privada es una de las mayores generadoras de empleo.Por ejemplo, Juan Varilias, presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), consideró que la propuesta de la LGT tiene como “gran aporte” la estabilidad laboral absoluta.

Explicó que esto se da desde el momento en que se obliga, en algunos casos, a ir al Poder Judicial antes de realizar un despido.

Otro punto que para este empresario debe ser corregido es el pago de una mayor indemnización al trabajador.

“Que vayan al Ministerio de Trabajo a pedir su reposición, y si no consiguen un resultado a su gusto poder también acudir al Poder Judicial, va a generar gastos adicionales y mayores a las empresas”, lamentó.

A su entender, el Ejecutivo debe dejar en libertad a las empresas sobre la decisión de quedarse con los trabajadores que demuestren eficiencia y resultados y desprenderse de aquellos que causan problemas y no aportan a la productividad de la empresa.

En ese sentido, este empresario criticó que el Consejo Nacional del Trabajo no haya convocado al sector privado para decidir en el tema de la estabilidad laboral absoluta.

Ante ello, adelantó que esta iniciativa debe ser modificada o, en todo caso, rechazada por el Ejecutivo.

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Alfonso García Miró, señaló que hoy en día los costos para la creación de empleo en el país son elevados, y si se les quiere poner más trabas, las empresas peruanas van a terminar “cayéndose”. “Esto es como ponernos un cabe para que nos vayamos al suelo”, se lamentó.

Diario Correo (23/01/2012)