Notificación electrónica modernizará judicatura

Es plausible que los avances tecnológicos se incorporen para solucionar uno de los mayores problemas del sistema de justicia, como son las notificaciones, afirma el abogado procesalista Nelson Ramírez Jiménez, quien a continuación analiza los efectos de las medidas anunciadas por el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, al declarar inaugurado el año judicial 2010.

La puesta en marcha para marzo del Sistema de Notificación Electrónica (Sinoe) en el país, ¿será un cambio importante para la descarga procesal?, ¿qué mecanismos de seguridad serían necesarios?

–Es plausible que los avances tecnológicos se incorporen para solucionar uno de los mayores problemas del sistema de justicia: la notificación, tema pedestre y sencillo, pasó a ser el talón de Aquiles en la buena marcha de las mejoras implementadas. Los esfuerzos de jueces honorables, que trabajan en sus despachos más horas que el común de los mortales para aliviar la sobrecarga procesal, resultaban vanos. No hay duda de que la implementación del Sinoe será de gran ayuda.

Ciertamente deberán regularse los mecanismos de seguridad necesarios para que no se distorsione el sistema, que debe, por otro lado, implementarse progresivamente a todos los órganos jurisdiccionales, en especial a la Corte Suprema.

Por cierto, la transparencia que suponía la publicación en la web del Poder Judicial del resultado de la vista de causas se ha venido diluyendo progresivamente, al punto que varios órganos ni siquiera actualizan esa información. El avance tecnológico en un sector de la justicia no debe suponer el retroceso en otro.

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) dictó diversas medidas para la descarga procesal, entre otros, el inventario nacional de expedientes y la creación de más juzgados, ¿estas serían suficientes?

–Las decisiones adoptadas para la descarga judicial no me impresionan. Son más de lo mismo. Desde hace años escucho hablar del famoso “inventario de expedientes” como primer paso, pero luego las cosas siguen igual o peor. Lo que hay que hacer es revisar la productividad judicial de manera individual. No es justo que mientras un juez o un órgano colegiado produce por uno, otros lo hagan por menos, sin que existan razones valederas que justifiquen esa enorme diferencia.

¿Es que hay jueces que trabajan y otros no?

–Mejor dicho, hay jueces con vocación y otros que son empleados públicos. Por otro lado, es frustrante la enorme cantidad de “nulidades” que declaran los órganos revisores, en especial la Corte Suprema en lo que concierne a casación. Muchas veces lo que hay es una discrepancia de fondo que debiera generar un fallo sustancial, pero la praxis es esa. Estimo que otra reforma central es la casación.

¿La productividad se afecta con el traslado de jueces?

–En efecto, el manejo de los “traslados” de magistrados a escala nacional pasa desapercibido, pero tiene un fuerte impacto en la organización del PJ. Es curioso, por ejemplo, que cuatro jueces de la Corte de Huancayo hayan logrado ser trasladados a Lima; otros tantos vienen de Ica y así por el estilo. Mientras el país se encamina a la descentralización, el PJ trae a sus jueces a Lima.

Casación y nulidades

Al insistir en que una reforma para mejorar la justicia pasa por la casación, ¿a qué aspectos se refiere?

–Hay dos columnas vertebrales que deben ser revisadas: el efecto suspensivo debe desaparecer para evitar el recurso malicioso; y que no haya reenvío cuando se trata de cuestiones procesales. La corte debe pronunciarse de manera final y hacer cosa juzgada. El reenvío es un arcaísmo. Ya el TC ha dado excelentes muestras de avocamiento directo al fondo del asunto sin necesidad de reenvío.

Por lo demás, qué sentido tiene que un proceso se inicie en primera instancia, pase a un colegiado de tres jueces superiores en revisión y, finalmente, ingrese a otro colegiado supremo de cinco miembros, para que estos se limiten a decir que el proceso es nulo y que vuelva a la instancia inferior para “reconducirlo”, cuando siendo la máxima instancia de la justicia nacional deben decir el derecho que corresponde al caso y punto final. Si hay un tema de indefensión clamorosa, la nulidad debe ser declarada, pero con sanción a los jueces que la han cometido.

¿Observa nulidades por causas absurdas?

–En ciertos casos, se declara la nulidad por causas absurdas. Por ejemplo, porque no se citó al abogado con la suficiente antelación a la vista de la causa, como si la audiencia pública fuera un acto procesal trascendente. No pasa de ser una puesta en escena en la que los abogados hablamos, a veces sin profesionalismo, y los jueces nos “oyen”, algunas veces en medio de un sueño profundo. No nos “escuchan”, pues nuestros argumentos son olvidados cuando se discute la causa varios meses después. La vista de causa se ha convertido en un sainete; por ende, anular porque no se invitó al abogado oportunamente es una mera pleitesía a las formas.

No hay disciplina ni autoridad frente a la mala praxis de abogados

El Consejo Consultivo del PJ identificó como uno de los factores que agudiza la situación judicial a la llamada “carga chatarra”, que comprende la mala praxis. ¿Cuál es la responsabilidad del abogado?

–Coincido en que la carga procesal se ha desquiciado y no necesariamente porque hayan más conflictos. Me explico. Hoy en día, los abogados intentan varios frentes procesales para atacar un solo conflicto. Hoy, un tema de carácter civil o comercial tiene que ser “defendido” en cuanta jurisdicción especializada se le ocurra al abogado de mala fe, lo cual sobrecarga el sistema. Es evidente que no hay disciplina ni autoridad que le ponga coto a este problema. El cobro de costas judiciales es irrisorio y alienta estos malos emprendimientos, a lo que se suma una mala formación profesional en el derecho.

¿La solución pasa por el registro nacional de abogados?

–Este tema se vincula con el papel de los colegios de abogados. Las sanciones que se adopten deben ser conocidas por la ciudadanía y, además, debe haber un órgano que se encargue de fiscalizar que estas efectivamente se cumplan. En este frente también hay algo que exigir a la sociedad civil, que a veces busca de muy mala fe a estos malos abogados.

Otras tareas

Predictibilidad. Los plenos jurisdiccionales son una clara muestra de responsabilidad por mejorar el sistema de justicia. Hay que alentar que se sigan convocando. Sin embargo, hay que poner atención al seguimiento de sus conclusiones, pues poco vale que se adopten acuerdos de este tipo si los jueces no los respetan.

Plenos casatorios. Hay un déficit que no se ha mencionado y es el referido a los plenos casatorios que a la fecha siguen en compás de espera. Ese sí es un pasivo por el que se deben pedir cuentas.

Es de esperar que el Dr. Almenara Bryson, presidente de la sala civil permanente para este año, le ponga empeño a esa tarea.

Fuente: Diario El Peruano, Sección Derecho, Pág. 14