Un conjunto de propuestas orientadas a erradicar la violencia y el cobro de cupos en la ejecución de obras de construcción civil, que van desde facilitar el accionar de los servicios de inteligencia de la Policía hasta la aplicación de la ley de armas de uso civil para la exclusión registral de los trabajadores de este sector condenados a prisión, propuso la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
A criterio de este gremio, estas iniciativas pueden implementarse mediante ajustes a la normatividad sobre los registros de obras, trabajadores y de organizaciones sindicales porque las empresas de construcción civil aún perciben riesgo e inseguridad.
Planteamientos
El gerente legal de la CCL, Víctor Zavala Lozano, considera que con esos ajustes se debe facilitar el accionar de los servicios de inteligencia de la Policía, a fin de hacer más efectiva su labor de detección de pseudotrabajadores que pudieran infiltrarse en las organizaciones sindicales.
Conviene, además, efectuarlos para potenciar la Dirección de Protección de Obras de la Policía, a fin de que opere en todo el país, especialmente en las zonas o regiones más críticas, detalló.
A su juicio se requiere, también, un filtro efectivo antes de otorgar el registro de organizaciones sindicales de construcción civil, aplicando en todo caso el silencio administrativo negativo, para garantizar las acciones de verificación correspondientes.
Con los ajustes normativos debe, a su vez, permitirse una respuesta rápida de la autoridad competente para neutralizar los actos contrarios a la ley, garantizando la seguridad de las personas e instalaciones, explicó.
En su opinión debe, además, facilitarse la plena identificación de las personas, permitiendo el cruce de información en línea entre Reniec, los ministerios del Interior y Trabajo, el Registro Nacional de Condenas, el Instituto Nacional Penitenciario y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).
Coordinaciones
Deben concretarse ajustes normativos que pemitan realizar coordinaciones con la Sucamec para que, de conformidad con la Ley de Armas de Uso Civil (Ley Nº 30299), se proceda a la incautación y decomiso de las armas ilegales que puedan detectarse, cancelando las licencias de las mismas, detalló Zavala.
Opinó, además, que para la exclusión registral del trabajador de construcción civil sentenciado por delito de fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos debe tomarse en cuenta el texto de dicha ley.
Diario El Peruano (02/02/2015)
¡Cuéntame qué te pareció!