Ya se completaron las medidas que el Poder Ejecutivo impulsó con la finalidad de promover la reactivación de la economía nacional.
El diagnóstico que se planteó no es halagador, pero tampoco tan alarmante: La economía peruana sigue creciendo, pero a menor ritmo del que estábamos acostumbrados en los últimos diez años.
De entre los factores que estarían originando esa situación, el Gobierno sabe que no tiene ninguna posibilidad de intervención sobre los de naturaleza externa (disminución de demanda de materias primas y estancamiento de la oferta de consumo en los mercados de los principales países), lo que sí podría ocurrir con los factores internos identificados: en el sector privado, hay una afectación de la confianza empresarial para invertir y una gran posibilidad de saturación del crédito personal, mientras que en el sector público hay una serie de procedimientos administrativos que limitarían la inversión.
Por eso, en el ámbito tributario, grosso modo las medidas han tenido cuatro objetivos: disminuir la “tramitología”, corregir algunos esquemas normativos para eliminar riesgos, liberar recursos para que los ciudadanos puedan seguir gastando, y establecer un shock de confianza al empresariado para que mantenga o aumente su inversión.
Si tomamos en cuenta la actividad normativa del Poder Ejecutivo y las leyes emitidas por el Congreso de la República (Ley Nº 30230, Ley Nº 30264 y Ley N° 30296), aunque hay poca distancia temporal, pensamos que las modificaciones tributarias podrían haber jugado en contra de los objetivos señalados líneas arriba, dada la manera y el lapso de tiempo en que se han planteado, al punto que a la larga se podría haber originado poco impacto comunicacional en el conjunto de la población.
Ya el tiempo nos dirá el nivel de utilidad de estos cambios tributarios emprendidos en el país.
Diario El Peruano (13/01/2015)
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