Ley de eliminación progresiva del CAS avanza en el reconocimiento de derechos laborales

La ley que elimina de manera progresiva el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) implica un avance en el reconocimiento de derechos laborales y no fomenta despidos, aseveró hoy el vicepresidente de la Comisión de Trabajo del Congreso, Justiniano Apaza.

Señaló que la norma otorga derechos laborales no reconocidos a los trabajadores ese régimen, como vacaciones de 30 días, aguinaldos, gratificaciones, bonificaciones, descanso pre y post natal para las madres, entre otros.

Sostuvo, en ese sentido, que es “demagógico” afirmar que la eliminación progresiva de ese régimen fomentará despidos arbitrarios, como advierte un sector de la oposición y algunos gremios sindicales.

“No habrán despidos arbitrarios, eso es demagógico, hay una mala interpretación de la norma. Lo que se quiere es evaluar en forma permanente al personal para mejorar el servicio al público y que los cargos se ocupen teniendo en cuenta los méritos profesionales,”, manifestó.

Adelantó, además, la pronta presentación de un proyecto de ley para desarrollar el derecho de libertad sindical que gozan de ahora en adelante los trabajadores del CAS.

Apaza Ordóñez añadió que esta norma, publicada hoy por el Poder Ejecutivo, constituye un avance hacia la profesionalización del empleado público y, además, es progresiva para evitar un efecto negativo en la caja fiscal.

“Queremos una ley que sea aplicable, porque si nosotros hacemos que pasen a planilla automáticamente todos los 180 mil (trabajadores CAS) estaríamos atentando contra la vida y salud de más de 30 millones de ciudadanos, porque la caja fiscal quedaría en crisis, desequilibrada”, anotó.

Precisó que los trabajadores de este régimen laboral podrán gozar este año de algunos beneficios como los aguinaldos y gratificaciones, tras la reglamentación de la norma proyectada en 60 días.

Informó que los ministerios de Trabajo y Economía y Finanzas trabajan en la aprobación de un crédito suplementario de 113 millones de soles para cumplir con esa obligación laboral.

Lescano pone reparos

Por su parte, el legislador de Alianza Parlamentaria, Yhony Lescano, señaló que la mencionada ley sería inconstitucional debido a que establece la desaparición de ese sistema en función a un inexistente régimen del servicio civil.

Pidió, por ello, que el Congreso se aboque a la aprobación de un paquete de normas para crear el servicio civil.

“No se puede legislar sobre un hecho inexistente. El servicio civil no existe y, por lo tanto, la eliminación progresiva del CAS tiene vicios de inconstitucionalidad. Por ello, el Congreso se debe abocar a discutir el marco legal que nos permita un real reordenamiento del servicio civil, que no se da con la sola aprobación de la norma”, argumentó.

A su juicio, la norma no soluciona la problemática de los trabajadores del CAS, sólo alivia de manera temporal sus privaciones laborales, “y sí fomentaría despidos arbitrarios bajo el pretexto de una evaluación”.

Andina (06/04/2012)