Estas serán exigibles a firmas proveedoras de los servicios legales
La empresa privada en el país está absolutamente comprometida con la suscripción e implementación de las nuevas normas de conducta y responsabilidad profesional en derecho, a fin de elevar los estándares de calidad en la práctica legal, afirmó la gerente del Grupo Telefónica, Julia María Morales, quien a continuación explica el interés y compromiso del sector privado para respaldar la propuesta elaborada por la Facultad de Derecho de la PUCP y Ciudadanos al Día, en lo que se considera un imperativo para contar con más abogados éticos y responsables. ¿La empresa privada está comprometida a adoptar estas normas?
–Sí, para nosotros es indispensable trabajar y contribuir a elevar el estándar ético del profesional del derecho, y a eso, precisamente, apunta la iniciativa, mucho más completa que la del Código de Ética del Colegio de Abogados de Lima. Lo importante es que las normas son el resultado de un intenso debate entre alumnos de derecho, profesores, abogados en ejercicios tanto de firmas legales como de empresas, que le garantiza viabilidad y legitimidad. El único interés de los 25 gerentes jurídicos, que no solo han suscrito la propuesta sino que también hemos participado en su elaboración, es avanzar hacia la autorregulación en materia ética y responsabilidad profesional en derecho, que también constituye una manifestación tangible del buen gobierno corporativo, que ya practican nuestras instituciones. Por eso, confiamos en que estas normas serán aceptadas, no digo rápidamente porque los cambios siempre toman tiempo, pero al menos ante el consenso sobre la corrupción y la crisis de la profesión legal ya está la necesidad de adoptar acciones, y una de ellas, precisamente, sería elevar los estándares éticos de la profesión con la suscripción de estas nuevas normas de conducta legal.
De suscribir estas normas, ¿cuál sería la responsabilidad de las empresas respecto a la contratación de servicios legales?
–Definitivamente, lo ideal sería que estas normas se convirtieran en los códigos de ética de todos los colegios de abogados del país, para hacerlos de inmediato cumplimiento, pero hasta que eso ocurra, en el camino tendremos que adoptar acciones. Una de ellas, precisamente es el sistema de autorregulación, que ya existe en otros ámbitos, como la prensa, la publicidad o el gobierno corporativo. En un primer momento, la adhesión sería voluntaria, pero, una vez suscrito, será absolutamente obligatorio.
Aquí, la participación de los gerentes jurídicos será muy importante, por una razón muy sencilla, por nuestra condición privilegiada de abogado y cliente, que no dudamos en desaprovecharla. Por ello, tenemos previsto iniciar todo un proceso, a fin de lograr no solo nuestro compromiso personal, que ya es una realidad, sino también el de las empresas e instituciones que representamos. Y, posteriormente, avanzar hacia la adhesión de las firmas que nos provean de servicios legales.
Dilemas entre lo principista y el pragmatismo
¿Cuáles son los aspectos de mayor resistencia o temor para suscribir esta propuesta?
–Hay muchos, pero tal vez lo más recurrente es el tema de la autorregulación. Sin embargo, creemos que existe la necesidad de adoptar acciones y alguien debe empezarlo, y esa es precisamente nuestra responsabilidad como empresa privada. Tenemos que empezar a dar ese ejemplo y luego seguir en este movimiento, intentando sumar a los miembros del Poder Judicial, Ministerio Público, policías, en fin, a todos los que de alguna manera toman parte del servicio de justicia.
En la labor diaria de sus funciones, ¿cuáles son los problemas más recurrentes en el tema?
–Mi labor como abogada de empresa no se limita solo al litigio, sino que también a aspectos civiles, societarios, del mercado de valores, en fin, es una actividad bastante amplia, pero ciertamente donde se presentan las principales dificultades es en lo judicial. Sin embargo, frente a estos dilemas éticos y diarios, puedo decir que siempre he decidido sobre la base de mis principios y normas de conducta,
Claro, ¿pero muchos dirían que eso no es así de fácil?
–Bueno, en aquellos casos en que sientan la tentación frente al riesgo de perder una cifra o un asunto importante en un proceso, les diría que si no lo hacen por principios, lo hagan por pragmatismo, porque una vez que la persona ingrese en el círculo vicioso de la corrupción, la próxima vez siempre será peor. Esto, sobre todo, lo deben pensar los abogados jóvenes que recién empiezan, que no le deben nada a nadie.
El proceso disciplinario
¿En qué consiste la propuesta esbozada para la autorregulación?
–Esta propuesta nos lleva al diseño de una arquitectura de cómo podría funcionar la autorregulación, cuyo sistema tendría ciertos órganos de gobierno, de dirección y disciplinarios, siempre respetando los principios de doble instancia. Justamente, recién hemos terminado de refinar una propuesta del procedimiento disciplinario, para aquellos casos que eventualmente se presenten ante el incumplimiento de las normas. Vamos a asimilarlo como una especie de club privado, con reglas que al no ser cumplidas podrán ser castigadas con un procedimiento que estará escrito y que será conocido antes de suscribirlo. Evidentemente, también habrá una especie de lista como una suerte de notables que podrían integrar los tribunales ante los cuales se ventilarían los procedimientos disciplinarios. Esto es, a grandes rasgos, la arquitectura, diseñada en función de los sistemas de autorregulación que ya existen en el país.
¿No es una amenaza de las empresas a las firmas legales para suscribir el documento?
–Absolutamente, solo es parte de la llamada responsabilidad social de las empresas, tan igual como existen normas para las áreas de finanzas o compras. Solo queremos contribuir con una mejor sociedad y, para ello, necesitamos que nuestros proveedores de servicios legales también se comprometan a nuevos estándares de comportamiento, lo cual será exigible desde el momento en que se formalice esta adhesión. Además, para las empresas privadas son normas que ya forman parte de nuestra actuación diaria.
Diario Oficial el Peruano (12.11.2010), Sección Derecho, Pág. 14
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