Especialistas recomiendan que se realice un estudio previo
El domingo pasado el virtual presidente de la República Ollanta Humala ratificó su intención de eliminar el contrato administrativo de servicios (CAS), modalidad bajo la cual se encuentran alrededor de 150 mil empleados del Estado.
Según indicó a finales de marzo, con esta propuesta se busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que están bajo este régimen. El plan que tiene en mente considera incluirlos en las planillas de las entidades del Estado.
Si bien este sistema ha recibido múltiples críticas, sobre todo por parte de los mismos trabajadores, ¿será una buena salida eliminarlo?
Para Ricardo Vergara, especialista de Sase Consultores, en términos abstractos es una medida que se puede considerar positiva al tener a todos los trabajadores con derechos laborales, pero en la práctica puede generar muchos problemas para los gobiernos regionales y locales.
Con esta idea concuerda el laboralista Percy Alache, quien agrega que la incorporación a planilla generará un incremento de los beneficios sociales que se tienen que computar, lo cual afecta al Tesoro Público.
“La iniciativa no está mal. Estos trabajadores cumplen con los tres requisitos de la relación laboral –prestación laboral, pago por el servicio y subordinación–, con lo cual se justifica la contratación indeterminada, pero esto genera un choque con las partidas presupuestales que tiene el Gobierno”, señala.
Tanto Vergara como Alache recomiendan que, si se sigue con esta idea, sería bueno hacer un estudio técnico para ver el impacto que generaría en las arcas del Estado y cómo se realizaría.
“Si no, caería como una medida populista”, remarca el laboralista.
Se estima que la inclusión de los trabajadores del sistema CAS implicaría un incremento del 10% en el número de empleados del Estado y subiría la planilla en S/.50 millones mensuales.
El ex viceministro de Trabajo Julio Gamero indica que otra salida que podría encontrar el Estado de eliminar el CAS es incluir a los trabajadores en otros regímenes como los de los decretos legislativos 276 o 728.
“Pero antes de pasar a una solución ‘parche’ es mejor que formen parte de una estandarización de la carrera pública”, explica.
Con esto concuerda el laboralista Ricardo Herrera, quien afirma que no es bueno que hayan tres regímenes con beneficios distintos.
Por ello, señala Gamero, una tarea pendiente para el próximo gobierno tendría que ser la promulgación de la Ley de Carrera Pública, una medida que iría acorde con lo que se plantea en la Ley de Trabajo Decente, otra norma que tendrá que ver la luz en el mandato de Humala.
Tomando en cuenta su perfil, Herrera está seguro de que el virtual presidente cumplirá con esta promesa, pero sugiere que este proceso de inclusión se dé en etapas, previo concurso de carrera pública cerrado con los trabajadores que ingresaron después del cambio de servicios no personales a CAS.
“Los que entraron antes deben ser contratados automáticamente”, sostiene.
En el tema de la carrera pública ya hay ciertos avances impulsados desde la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). El laboralista Percy Alache comenta que en los próximos meses esta entidad presentaría un proyecto de ley respecto del derecho de sindicalización y las modificaciones de contratación de este sistema.
CLAVES
Las eternas críticas al sistema
Desde su origen, el cas ha recibido diversas críticas porque se remitía este régimen al derecho administrativo, con lo cual se restaba valor a una prestación laboral.
Una sentencia del tribunal constitucional corrigió este tema y señaló que se trataba de un claro vínculo laboral.
Pese a ello, no se ha modificado el tiempo de vigencia de los contratos (que es de un año), lo que genera una sensación de inestabilidad en el trabajador.
Diario El Comercio (09.06.2011)
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