Entrevista. Con una gestión más estratégica en el control del cumplimiento de las obligaciones laborales, el sector Trabajo espera convertir este año a la Sunafil en la piedra angular para reducir la informalidad y el subempleo en el país, aseguró el ministro Otárola.
Con la prepublicación del proyecto de reglamento de la Ley Nº 30288, ¿se aclararán todos los aspectos que eviten cualquier intento de fraude de las empresas a la norma?
Precisamente en esta propuesta somos claros en afirmar que no se trata de despedir a trabajadores para cubrirlos con los jóvenes, sino generar nuevas plazas.
Además, se prevén fuertes sanciones ante cualquier fraude a la ley por parte de las empresas. Por eso, insisto en la necesidad de leer esta norma sin prejuicios. Los jóvenes decían que no los habíamos escuchado, pues ahora tienen 30 días para expresar sus comentarios.
Parecería que las garantías desarrolladas en la propuesta no son suficientes para detener las marchas o las iniciativas que impulsan la derogatoria de la norma. ¿Confía en la apertura al debate emprendido por el Gobierno?
Es nuestra responsabilidad como Gobierno. La nueva Ley laboral juvenil es parte de la estrategia sectorial para promover la formalización del empleo, que resulta mucho mejor que la legislación actual de prácticas preprofesionales; y, por supuesto, que la informalidad. Esta, además, será complementada con una mayor presencia de la Sunafil para este año en todo el país.
Aparte de contemplarse el acceso solo a nuevas plazas y el pago de utilidades, ¿qué derechos son reconocidos a los jóvenes que no terminaron secundaria de aquellos con estudios superiores pero inconclusos?
En efecto, nos ponemos en ambos supuestos. En el primero, se les obliga a matricularse dentro de los 60 días para que puedan continuar sus estudios y beneficiarse de la capacitación; y, en el segundo, se exige a los centros de trabajo a contratarlos en especialidades para lo que estudiaron. Esto nos permite en verdad dar esa empleabilidad, y conectar sus estudios con el trabajo. Hoy con las prácticas preprofesionales casi no reciben nada. Por tanto, el joven competente y preparado debe tener la plena certeza que podrá poner y obtener mejores condiciones de trabajo, como en efecto lo está haciendo. Esto no está dirigido para ellos, sino para los que ahora no tienen nada, o laboran en la informalidad.
Menciona como garantía para la eficacia de esta legislación imprimir a la Sunafil un rol más activo. ¿En qué consistirá ello?
Consolidaremos a la Sunafil, y en todos los casos haremos que se respete la norma. Se desarrollará una gestión estratégica que promueva el empleo pleno, productivo y digno, que permita a la entidad convertirse en una piedra angular para reducir la informalidad laboral. Por ello, en este año queremos tener presencia nacional, avanzando con la implementación de las intendencias regionales, la creación de la escuela nacional de inspectores, porque queremos inspectores de primer nivel, así como la puesta en marcha del observatorio nacional del sistema de inspección laboral, para identificar las características propias de las relaciones laborales en cada una de las regiones.
Ha mencionado la prioridad del Gobierno por avanzar en la política sectorial contra la informalidad. ¿Qué implicará esto?
En efecto, el reto es reducir la informalidad pero agresivamente. En el Perú ya casi no se puede hablar de desempleo, pues somos uno de los países de América Latina con el más bajo índice de desempleo, pero la informalidad aún es muy grande. Entonces, no solo realizaremos una labor de difusión, sino que también iremos a los mismos centros de producción, nos reuniremos con los empresarios porque quiero un ministerio más proactivo. Igualmente, queremos reducir la brecha entre la oferta formativa y la demanda laboral, y la inadecuada política laboral.
¿Cómo?
Con la implementación del programa Ponte en Carrera. Una plataforma que presentará información útil para una elección formativa informada.
Nuevos planes, más acciones
Para 2015, el MTPE tiene previsto aprobar la política nacional en materia de prevención y gestión de conflictos laborales, así como su ejecución. Otra prioridad será la estrategia nacional en materia de seguridad social, con planes de comunicación e información de los derechos y obligaciones en la materia; y la elaboración de un documento técnico normativo para la implementación de la política nacional en inspecciones. Esperan igualmente seguir con la implementación progresiva de los registros de trabajadores, obras y organizaciones sindicales en el sector de construcción civil; y la creación de sistema de certificación de buenas prácticas laborales.
Compromiso
El proyecto de reglamento de la Ley laboral juvenil establece que solo podrán aplicar este régimen las empresas que no registren multas; y que el 25% de las plazas se calculará sobre el promedio de los últimos 12 meses.
Prohíbe la contratación en el régimen especial de jóvenes de quienes estuvieron en el general, así como la sustitución de trabajadores bajo esta modalidad. Para el primer contrato, que debe tener una duración mínima de un año, el joven no podría tener más de 23 años.
Precisa que la ley fija normas mínimas, pero por negociación colectiva u otros acuerdos podría acceder a otros, como seguros o gratificaciones, que es uno de los principales reclamos.
Diario El Peruano (15/01/2015)
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