Uno de los más graves problemas que afronta el mundo moderno, como consecuencia de la globalización financiera y los grandes saltos tecnológicos, es la sofisticación de los métodos y modalidades del crimen en sus principales manifestaciones de tráfico ilícito de drogas, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución, malversación pública, extorsión, secuestro, trabajo ilegal, piratería y últimamente terrorismo.
Las organizaciones criminales han roto las fronteras entre países y continentes, y una vez que perpetran sus delitos y obtienen sus ganancias ilegales se valen de un conjunto de complejas operaciones aparentemente legales conocido como lavado de activos.
En diversos países y regiones estas acciones también son conocidas como lavado de dinero, lavado de capitales, blanqueo de capitales, legitimación de capitales, financiamiento de empresas con dinero negro, entre otros.
El objetivo permanente de los grupos financieros ilegales, que operan en varios niveles es lograr que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
Para lograr estos propósitos se infiltran en los sistemas financieros legales, fomentan la corrupción en los aparatos estatales y las organizaciones políticas y causan graves perjuicios a la economía de los países.
La denominación de lavado de activos engloba mejor la diversidad de dichas operaciones, puesto que no se trata solamente de legitimación de capitales monetarios, sino también de adquisición de bienes inmuebles, creación y desarrollo de complejos empresariales, comercialización de productos lícitos, entre otros.
En el Perú, la lucha contra estos tipos de delitos está enmarcada por la Ley Penal contra el Lavado de Activos (Nº 27765), promulgada en junio de 2002, la misma que se extiende a otros delitos como fuentes generadoras de ganancias ilegales, como es el caso del terrorismo.
La experiencia de estos últimos años ha demostrado que dicho marco legal deviene en insuficiente a causa de factores adversos, como la descoordinación entre las diferentes instituciones y dependencias del Estado involucradas en la prevención, investigación y sanción del lavado de activos.
Formulamos estas precisiones para resaltar que este fin de semana el Gobierno ha dado dos pasos muy importantes, orientados a subsanar esta y otras deficiencias e incoherencias que se dan en el accionar de las autoridades.
Se trata de la aprobación, por parte del Ejecutivo, del Plan Nacional de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y de la Comisión Ejecutiva Multisectorial que se encargará de hacer un seguimiento y actualización permanente de dicho plan.
Entre otras disposiciones que buscan dar mayor efectividad a la lucha contra estos delitos, el referido plan propone otorgar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la facultad de acceder a la información sujeta al secreto bancario, reserva tributaria y de índole policial (banco de antecedentes policiales).
Frente a un problema tan complicado, era muy necesario centralizar, coordinar y focalizar acciones.
Diario Peruano (04/07/2011)
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