Acreditación y Derecho

La profesión más requerida por los estudiantes peruanos continúa siendo el Derecho. Según la última estadística de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), más de 45,000 universitarios se preparan para ser abogados matriculados en más de 60 facultades o escuelas de Derecho.

Ante esta inflación de expectativas profesionales, que se sumarán a los 90 mil abogados colegiados a escala nacional, se añade la crítica a la deficiente formación de algunos y la supuesta saturación del mercado laboral en otro extremo. Dada esta apremiante situación, se han ensayado diversas respuestas: hacer más riguroso el ingreso universitario, que los colegios profesionales establezcan exámenes de acceso al gremio, limitar las vacantes e incluso una moratoria de ingreso a las facultades de Derecho.

Estas salidas son unilaterales si no van acompañadas de una esmerada acreditación de cada facultad de Derecho existente. ¿Qué es la acreditación? Es un proceso de evaluación (aprendizaje enseñanza, investigación y de gestión, entre otros) que permite medir la calidad, el nivel y la proyección de la institución, realizado por una agencia acreditadora (nacional o internacional), que debe dar fe pública de los resultados encontrados y comparables con otras facultades de Derecho.

Escasas escuelas de Derecho se han sometido a este proceso de evaluación generando incertidumbre sobre las expectativas de los postulantes a estas instituciones universitarias.

Necesitamos saber cuántos profesores con posgrado poseen, cuántos libros de la especialidad tienen (algunas no tienen ni siquiera biblioteca), cuántas investigaciones se han concluido o cuántas tesis de pregrado se presentaron en el último año. Que nadie recurra a una encuesta y ranking para decir que está “entre las mejores escuelas de Derecho”, el único criterio de comparación válido es la acreditación, que garantiza la calidad de las facultades de Leyes y, por ende, propender a formar mejores abogados.

Diario El Peruano (11/06/2013)